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Los salvadores de Hugo Chávez

Por Jorge Olavarria

Hugo Chávez será expulsado de la Presidencia de Venezuela antes de que el año en curso concluya. Caerá, porque será revocado popularmente en el referéndum que se convocará; o por todo lo que ha hecho y tendrá que hacer para evitar que el referéndum se celebre. Por lo uno o por lo otro, Chávez caerá... a menos que sea salvado una vez más por quienes hoy predican el abandono del esfuerzo hecho, negándose al proceso de reparación y ratificación de firmas. Si la Coordinadora Democrática se deja arrastrar una vez más por la insensatez del puñado de energúmenos y miopes que esto predican, coincidirán con el objetivo estratégico de Chávez que el referéndum no se celebre, produciendo la tercera derrota que por lo mismo ha sufrido la oposición.

No puede olvidarse ni repetirse la experiencia vivida con la rebelión civil de abril de 2002, cuando una minúscula gavilla de aventureros sin principios encabezados por el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga y financiados por unos empresarios bingueros salvaron a Chávez. Tampoco puede olvidarse ni repetirse la experiencia de diciembre de ese año, cuando un pequeño grupo de ejecutivos petroleros agrupados en una asociación de apariencia sindical decretó en la clandestina exclusividad de sus procedimientos masónicos una huelga general revolucionaria suicida que arrastró a toda la Coordinadora a respaldar lo que sus mejores mentes asesoras rechazaban, pero que no pudieron impedir porque una mal entendida consigna de unidad los paralizó. Eso no se puede repetir.

Los potenciales salvadores de Chávez alegan que hay que aferrarse a la sentencia de la Sala Electoral y rechazar todo lo demás. La verdad es que la sentencia de la Sala Electoral podría perderse si no se le aprovecha inteligentemente y se conecta todo su valor y vigor a la decisión de acudir al reparo con toda la energía y el valor que tienen quienes luchan para ganar.

Dos sentencias, dos caminos

La hediondez de la pestilente inmundicia legal de los sofismas de los tres magistrados de la Sala Constitucional, produjo tal indignación que perturbó en muchos la inteligencia del objetivo estratégico.

Es hora de ver las cosas con la frialdad que se necesita para no malograr la ventaja que se tiene con una respuesta emocionalmente comprensible pero políticamente torpe.

La irracionalidad de la sentencia con la cual se le quiso dar a las trapisondas del CNE apariencia de legalidad, apenas cerró la posibilidad que sus entuertos fueran corregidos por quien los nombró.

Esa sentencia no cerró el juego. Lo abrió a mejores posibilidades de triunfo. Esto debe verse con la frialdad que se necesita para entender lo que se debe hacer y rechazar lo que no se debe hacer.

Los raciocinios con los cuales los magistrados Rincón, Cabrera y Delgado violaron la Constitución y contradijeron su propia jurisprudencia, recibió respuesta adecuada de la más alta institución de cultura jurídica y política de Venezuela: La Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Esa institución, que cuenta entre sus miembros a las más respetadas mentes legales del país, protestó la usurpación de la Sala Constitucional en términos inequívocos: “La sentencia 442 de la Sala Constitucional” –dijo– “es contraria a principios universales de Derecho; contradice las reglas del sistema democrático; y no favorece la solución constitucional democrática, pacífica y electoral de la crisis que atraviesa la sociedad venezolana”.

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales dictaminó que: “La Sala Constitucional ignora completamente el contexto social y político dentro del cual dicta su decisión; ni siquiera hace referencia al valor que tienen las decisiones adoptadas en el seno de la Mesa de Negociación y Acuerdos, tanto para las partes en el conflicto venezolano (gobierno y oposición) como para los órganos del Estado”.

El dictamen concluye diciendo que: “En un asunto de vital importancia que puede ser resuelto electoralmente, la Sala Constitucional cierra el camino electoral y pone su argumentación y su autoridad al lado de quienes se oponen a esta solución civilizada”.

La autorizada opinión de los académicos ha ratificado con el peso de su autoridad que en Venezuela se ha producido un golpe de Estado.

Ese golpe ha sido perpetrado por los Magistrados de la Sala Constitucional con el propósito de eximir al presidente Chávez de someterse al referéndum que ha sido solicitado para que los ciudadanos puedan tener la opción de revocar o ratificar su mandato.

El pragmatismo estratégico que hoy aconsejan los negociadores Quirós y Mújica, con los cuales yo me solidarizo, no niega la ajuricidad en la cual estamos. Simplemente apunta que la posibilidad de someter a Chávez a un referéndum revocatorio no ha quemado su tiempo ni sus etapas. La opción reparatoria tal y como se la plantea, sin arbitro ni instancia judicial a la cual apelar, es –por eso mismo– la mejor y la más expedita vía para lograr que Chávez salga del poder.

Esto se puede lograr de tres maneras: 1) porque la oposición arrincone al CNE con la fuerza de masivas reparaciones a convocar el referéndum solicitado; 2) Porque el CNE repita su conducta fraudulenta y niegue con falsedad demostrable que las firmas solicitantes no alcanzan el numero requerido 3) porque al golpe de Estado consumado por la Sala Constitucional, se agregue el golpe al cual Chávez se vea obligado a dar por la inminencia inevitable de la convocatoria del referéndum.

Y por cualquiera de las tres vías, Chávez sale.

Para hacer el llamado a la rebelión al cual hoy tenemos pleno derecho, y que esta implícito en los raciocinios de quienes se niegan hoy a ir al proceso reparatorio, hay que esperar que se produzca la trampa que se supone se hará. Sólo cuando en esa instancia se produzca el fraude de desconocer la validez de las firmas, que nos consta son suficientes para que se convoque el referendo solicitado, habrá llegado el momento de hacer lo que se debe hacer.

Este no es el momento. Lo que ahora procede es ir a la batalla de la reparación con toda la energía de la cual seamos capaces.

El piso legal del llamado a la rebelión será la sabia y ponderada sentencia de la Sala Electoral. El juez que por mandato de la Constitución es el natural para el proceso refrendario, es el piso legal más firme para emprender las acciones restitutorias de la legalidad constitucional.

Estas podrán instarse por acción de parte o podrán tomarse por acción directa, procediendo a la destitución de Hugo Chávez, de los magistrados golpistas y de todos sus cómplices en el CNE, por haber violado en forma flagrante los valores principios y garantías democráticas y haber vulnerado los derechos humanos de los venezolanos, como reza la letra del artículo 350.

Lo que ahora se debe entender es que esto sólo puede hacerse después de que se haya evidenciado fraude en el proceso de ratificación y reparación de firmas.

Esta posibilidad se perdería si se renuncia a la posibilidad de reparar las 500 mil firmas que de un total de 1,2 millones son reparables y que son las que se requieren para que se convoque el referéndum solicitado. Si la Coordinadora Democrática rechaza la vía reparatoria, perderá esfuerzo, tiempo, oportunidad y legitimidad.

Si se ejecuta fraude en la instancia reparatoria, como se espera sucederá, la sentencia de la Sala Electoral será la base para iniciar una acción para el desconocimiento de la autoridad usurpada. La Sala Electoral es constitucionalmente la instancia que puede dar el jaque mate de este juego, convocando el referéndum revocatorio solicitado. Si después de pasar la fase reparatoria, el CNE se niega fraudulentamente a convocar el referéndum solicitado, el procedimiento adoptado por la Sala Constitucional para la declaratoria de omisión constitucional por el Poder Legislativo para designar al CNE, señala el camino. Cuando se llegue al fraude que se espera y se le nieguen a las firmas reparadas la facultad de sumarse a las validas, y el CNE no cumpla con su obligación de convocar el referéndum solicitado como debe hacerlo, la Sala Electoral podrá y deberá convocar el referéndum solicitado.

Si Martini Urdaneta tuvo valor para hacer lo que hizo, debe tenerlo para esto. La Sala Electoral es, según el principio de la división de poderes, la representación legitima e integral del estado Venezolano. No hay otra. Los magistrados de la Sala Constitucional están fuera de la ley por golpistas y usurpadores.

El ente jurídico que personifica a la totalidad del Estado, puede solicitar el auxilio de la Fuerza Armada Nacional leal a la Constitución, para que obligue a quienes se opongan a la ejecución de una sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada, ordenándole tratar a quienes se opongan como enemigos del Estado ordenándole los someta a la primacía de la voluntad del pueblo, en cabeza del Tribunal Supremo de Justicia, representado por la Sala Electoral. Debemos prepararnos para esto. Y el primer paso es ir a la reparación de las firmas. Lo que el himno nacional canta del bravo pueblo, está por demostrarse.

Pero no olvidemos que el vil egoísmo otra vez triunfó.



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