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¿Por qué revocar a Hugo Chávez?

Por Armando Durán, El Nacional

El pasado jueves, desde Puerto Iguazú, en Argentina, Chávez declaró que, de ser revocado el próximo 15 de agosto, entregaría el cargo a su vicepresidente y un mes más tarde se presentaría como candidato a las elecciones generadas por el referéndum. Al día siguiente, para disipar cualquier polémica sobre la controversial materia de la reelección inmediata de un presidente revocado, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Rincón, se apresuró a señalar que no existen restricciones constitucionales que lo impidan. Inmediatamente informó que así lo sostiene la ponencia del magistrado Jesús Delgado Ocando, cuya publicación se producirá en los próximos días.

Se trata, por supuesto, de un episodio más de la infinita trama de interpretaciones jurídicas que le permiten a Chávez satisfacer impunemente hasta sus más mínimos deseos y caprichos. También sirve de ejemplo perfecto para ilustrar la exacta naturaleza del régimen. Una lección de cómo el audaz manejo de las instituciones y poderes públicos puede llegar a ser un arma formidable para construir “legalmente” los cimientos de un régimen despótico y personal.

Para cualquier observador desprevenido, esta circunstancia, que desde la promulgación de las leyes revolucionarias de la Habilitante en noviembre del año 2001 desató dos años y medio de encarnizada protesta popular, es la principal razón para sacar a Chávez de Miraflores, en esta ocasión, por la ruta del referendo revocatorio. Es decir, el motivo que dentro de 33 días impulsará a más de 4 millones de venezolanos a votar por el Sí de la democracia en contra del No de la dictadura. Sin embargo, la realidad de la campaña electoral de la oposición parece indicar otra cosa.

Las razones económicas

Todas las encuestas registran que los tres grandes problemas que acosan a los venezolanos son el desempleo, la pobreza y la inseguridad personal. Esos mismos sondeos de opinión colocan las razones de orden político en un segundo plano de la preocupación nacional. De acuerdo con estos datos, nada novedosos por cierto, una eficaz campaña opositora tendría que meter el dedo hasta el fondo de esa llaga.

Es decir, destacar el fracaso de la gestión presidencial de Chávez, el hecho de que no haya sido capaz de resolver estos terribles dramas sociales de la población, y de haber propiciado, en cambio, que se profundizaran de manera muy considerable.

Desde una perspectiva tradicional, esa es la lógica que ha marcado la pauta estratégica de todas las campañas electorales.

Resaltar con argumentos simples y sencillos las insuficiencias gerenciales y los errores administrativos del adversario, y al mismo tiempo presentar una oferta electoral suficientemente atractiva para atrapar la imaginación y el corazón de los votantes, que como es natural, siempre aspiran a un futuro distinto y mejor.

Dos perogrulladas impiden que estos argumentos tengan plena validez en la actual encrucijada política. Un referendo revocatorio nada tiene que ver con una elección presidencial y Chávez no es un gobernante cuya gestión se pretende medir en las urnas de cara a las promesas de un adversario de carne y hueso, como en las 9 elecciones generales que definieron el proceso de la democracia venezolana desde 1958 hasta 1998, sino el líder de un movimiento político que en el curso de estos últimos cinco años ha desmantelado la estructura del Estado y de la sociedad para implantar un nuevo régimen, cuya meta final es, sencillamente, el ejercicio intolerante y arbitrario del poder, la dictadura.

En otras palabras, aunque para un sector importante de la sociedad sus prioridades son en efecto materiales, la sustancia del problema es política.

Las razones políticas

Lo habitual es que las crisis políticas son el resultado de graves crisis económicas y de insatisfacciones sociales colectivas. En la Venezuela de hoy, como consecuencia del carácter trasgresor del proyecto de Chávez, ha ocurrido todo lo contrario. Su decisión de destruir la democracia generó una crisis de gobernabilidad cuyas consecuencias directas han sido la parálisis económica y el gradual empobrecimiento de la población. Pretender remediar la situación dejando intacta la estructura del Estado “bolivariano” sería otra manifestación más de esta experiencia de vivir el mundo al revés. Quizá lo hayamos olvidado, pero el paro del 10 de diciembre de 2001, la marcha del 23 de Enero, los cacerolazos del 4 y del 27 de febrero y la rebelión popular del 11 de abril, todas esas jornadas de estremecedora resistencia cívica, así como las que continuaron agitando al país durante el resto de ese año 2002, y que culminaron en el paro cívico y la huelga petrolera de diciembre y enero, tuvieron una causa y un objetivo exclusivamente políticos. La defensa de la democracia frente a la dictadura en ciernes. Ninguna de aquellas jornadas se realizó en nombre del desempleo, la pobreza o la inseguridad personal, que ya eran agudos tormentos que asolaban a Venezuela. Todos los actores políticos y sociales, incluyendo a los que hoy conviven en la Coordinadora Democrática, sencillamente aspiraban a desplazar a Chávez del poder para detener el progreso de su revolución. Y daban por sentado que resuelto el conflicto y restaurada la democracia, se comenzarían a solucionar los aprietos económicos y las angustias sociales.

Las circunstancias subjetivas han cambiado hasta tal extremo, que Enrique Mendoza, en su discurso de presentación en sociedad del comando de campaña de la Coordinadora Democrática aseguró temerariamente que el triunfo del Sí en el revocatorio garantizaba la continuidad democrática del Estado.

Ante esta afirmación uno tiene derecho a preguntarse ¿cuál es el sentido real de esas palabras? ¿Qué modificaciones ha experimentado el proceso político venezolano para que la realidad amenazante de ayer se haya podido convertir en esta suerte de usual oposición a un gobierno incompetente y nada más?

El triunfo de la política

Desde el fracaso de la huelga petrolera, muchas piezas del rompecabezas venezolano han desaparecido del escenario.

Entre ellas, la decisión opositora de no seguir llamándole pan al pan ni vino al vino. Con la notable excepción del comunicado de la Coordinadora Democrática la madrugada del pasado 25 de febrero, cuando la trampa de las planillas le devolvió la vista a sus dirigentes momentáneamente.

Mientras la oposición, tras ese súbito parpadeo, descubría un cierto tufillo a azufre en la palabra dictadura y de nuevo abandonaba la calle y se replegaba, Chávez, además de avanzar en sus planes, le retorció el pescuezo al referéndum revocatorio.

Mírese como se quiera, ese evento es una confrontación electoral inédita: no sólo por su originalidad histórica, sino porque se trata de un mecanismo electoral que condena a Chávez a ser el único contrincante de Chávez. Una especificidad que en nada favorecía al presidente revocable, quien debía someterse al juicio democrático del referendo sin otra referencia que la solitaria desnudez de sus actos. De ahí que la Sala Constitucional alterara la esencia del artículo 72 de la Constitución con una sentencia según la cual los partidarios de Chávez podrían participar en la votación para tratar de ratificarlo en su cargo. Ya no basta, pues, igualar la votación que obtuvo Chávez en julio del año 2000. Ahora se necesita, además, superar en las urnas a quienes a pesar de todo desean que él continúe en Miraflores.

Transformado de pronto en plebiscito, la estrategia de Chávez ha sido convertir el referendo del 15 de agosto en una elección entre él y la oposición. Una mutación niveladora.

La respuesta de la Coordinadora Democrática para enfrentar esta estratagema chavista fue congelar la selección de su candidato presidencial hasta después del revocatorio. Una decisión acertada. Sólo que con la excusa de no tocar a Chávez ni con el pétalo de una rosa, porque hacerlo, le aseguraron sus asesores norteamericanos hace más de un año, sería contraproducente para la oposición, en lugar de atacar la naturaleza autocrática y absolutista del régimen, cayeron en la trampa de debatir con Chávez sobre el presente y el futuro material de Venezuela, como si el régimen no tuviera pasado y como si lo que en verdad se jugaran los venezolanos en el referéndum revocatorio fuera una elección normal entre dos partidos políticos y dos formas distintas de enfrentar los problemas concretos del país, y no el destino de Venezuela como nación.

Dentro de este contexto de peligrosa deformación electoralista, debemos destacar la presentación, el pasado viernes, del programa de gobierno de la Coordinadora Democrática, un esfuerzo sin duda muy respetable, pero que sólo contribuye a enturbiar el horizonte político. El Plan Consenso País, por extemporáneo, coopera con el propósito de Chávez de distorsionar aún más el carácter de la confrontación, y transfigurarla en una rutinaria discusión sobre políticas públicas, a la usanza de la desgastada tradición electoral de la llamada IV República. Desde Zulia, Chávez ya ha comenzado a sacarle provecho a esta relajación óptica de la oposición.

¿Será que de manera subrepticia Chávez ha restituido el estado de Derecho, le ha devuelto la autonomía a los poderes públicos, ha cancelado su proyecto de transformar a la Fuerza Armada Nacional en milicia “revolucionaria”, ha decidido ordenar las finanzas del Gobierno y rendir cuentas claras de su gestión, poner de nuevo en pie a Petróleos de Venezuela, dialogar con todo el país y reconvertirse, en fin, en un demócrata a carta cabal? ¿Será por eso que ahora ambos contrincantes quieran borrar 5 años y medio de historia? ¿O que por esta razón Miguel Henrique Otero, presidente-editor de este diario, advirtiera el pasado jueves, en el marco del foro Autoritarismo y Democracia que “si nos dejamos ganar esto, porque no tenemos suficiente inteligencia y consistencia, nos merecemos a este hombre 100 años” ? ¿Por qué y para qué queremos revocar a Chávez?



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