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El saqueo de Petroleos de Venezuela (PDVSA)

Por Jorge Olavarria

La historia petrolera de Venezuela no la hicieron ladrones como los que hoy la dirigen, y no la deben escribir los pícaros aventureros y charlatanes que hoy mienten y distorsionan para justificar el nauseabundo saqueo que hacen de Pdvsa. En la mayor industria del país se han roto todas las barreras de la decencia y la honestidad.

En una empresa de esa magnitud, que compra y vende millones, se violan todas las normas conocidas de control y contabilidad.

Lo que allí priva es un frenesí de rapacidades ilimitadas; desde pequeñas raterías, hasta maniobras de alto vuelo financiero en la venta del petróleo.

El obsceno enriquecimiento ilícito de quienes visiblemente se están lucrando con ello, debe ser contrastado con los personajes dignos y decentes que hicieron la historia de la industria petrolera venezolana.

La memoria histórica

LA RAÍZ HISTÓRICA de las concesiones petroleras venezolanas otorgadas en el siglo XX vienen del siglo XIII cuando en el Fuero Viejo de Castilla se fijó el principio “regalista” de la propiedad de las riquezas minerales del subsuelo según el cual éstas eran del monarca, que tenía la potestad de “conceder” su explotación. En 1526 Carlos I ratificó que las minas del nuevo mundo eran propiedad de la Corona; esto se amplió en 1584 en las Ordenanzas de Valladolid de Felipe II, y se perfeccionó en 1783 con las Ordenanzas de Aranjuez de Carlos III, promulgadas para México, y trasladadas a Venezuela en 1784, con mención específica a su aplicación a “bitúmenes, manaderos y otros jugos de la tierra”.

EN 1829 BOLÍVAR DECRETÓ que la República emancipada era titular de los derechos de la corona española a las riquezas minerales del subsuelo, lo cual fue ratificado en 1832 por Páez. La Constitución Federal de 1864 ratificó el principio regalista, pero puso su titularidad en cabeza de los Estados “soberanos”. La Constitución de 1881 mantuvo la titularidad de la propiedad del subsuelo de los Estados “soberanos” pero dispuso que su concesión sólo podía contratarla el gobierno federal.

LA LEY DE MINAS DE 1905, de Cipriano Castro, abrió la etapa de las concesiones exploratorias petroleras gigantescas (Vigas, Aranguren, Planas, Jiménez Arraiz, Valladares, etc) traspasadas a intereses petroleros americanos e ingleses, con grandes beneficios para los intermediarios amigos del gobierno. Hacia 1914, las exploraciones revelaron que Venezuela tenía un gran potencial petrolero. La historiografía petrolera marxista califica la política petrolera de Gómez en términos simplistas y peyorativos.

La realidad es otra. Gómez interpretó a cabalidad la oportunidad que el potencial petrolero le ofrecía a Venezuela y negoció con las empresas extranjeras con pragmatismo, habilidad y patriotismo, logrando las inversiones y la tecnología necesarias para desarrollarla. Es cierto que personas de su entorno se enriquecieron sin causa con esto. Pero también es cierto que con la colaboración de hombres honestos, competentes y patriotas, como Román Cárdenas, Vicente Lecuna y Gumersindo Torres, se pusieron las bases de la industria petrolera venezolana.

GUMERSINDO TORRES entendió en 1917 que la industria petrolera no podía desarrollarse sin una clara definición de derechos y deberes del Estado y las empresas. Ratificó, en la Ley de Minas de 1918, el principio regalista de la propiedad nacional de los minerales con una disposición principista que establecía que el Estado explotaría el petróleo por administración directa o por arrendamiento.

Pero en ningún caso concedería derechos reales sobre los yacimientos, ratificando con inequívoca claridad el principio de la reversión al Estado de los yacimientos al término de la concesión, con todos sus edificios, maquinarias y obras anexas, sin pago por mejoras. Esto fue el fundamento de la ley de 1943 y de la reversión anticipada de las concesiones de 1975, mal llamada ‘nacionalización’, de la cual nació Pdvsa.

EN 1936 SE ABRIÓ EL DEBATE público de la cuestión petrolera.

En los diarios de esos años se leyeron las opiniones de hombres experimentados como Néstor Luis Pérez y Manuel Egaña, y de jóvenes como Arturo Uslar Pietri, Antonio Arraiz, Alberto Adriani, Rómulo Betancourt y Juan Pablo Pérez Alfonzo. Los venezolanos adquirieron conciencia de la injusticia en la remuneración de los trabajadores petroleros y la desigualdad en la participación del Estado en las ganancias que generaba una industria establecida, que debía ser corregida.

PARA 1936 EL PETRÓLEO ERA EL PRINCIPAL ingreso del fisco y la columna vertebral de la economía venezolana. López Contreras nombró dos hombres de excepcional patriotismo y competencia:

Néstor Luis Pérez y Manuel Egaña, que modificaron la relación del Estado con las petroleras.

Sin embargo, cuando concluyó su mandato la participación de la nación en los beneficios del petróleo seguía siendo exigua en relación con las ganancias de las concesionarias; y la autoridad del Estado sobre la explotación de un recurso natural no renovable de propiedad nacional, era prácticamente nula. Como todo ello tenía su origen en los derechos adquiridos de las concesionarias, estos tenían que ser cortados de raíz, si se quería modificar una situación de intolerable continuidad.

EN 1941 EL PRESIDENTE MEDINA anunció que revisaría, el régimen legal del petróleo, que operaba bajo las diversas condiciones de los derechos adquiridos bajo los códigos de minas y las leyes. Para ello, nombró una comisión presidida por él, y formada por Gustavo Manrique Pacanins, Eugenio Mendoza, Gustavo Herrera, Arturo Uslar Pietri, Manuel Egaña, Alfredo Machado Hernández, y muchos más. La Ley de Hidrocarburos que propuso esa comisión le ofrecía a las empresas concesionarias convertir los derechos de sus concesiones a los términos y condiciones de la nueva ley, que aumentaba el pago de la regalía, obligaba a las empresas a la refinación en Venezuela del crudo extraído y ampliaba el poder de supervisión del Estado sobre todos los aspectos de la industria. A cambio, las concesiones serían renovadas por 40 años, hasta marzo de 1983.

EN 1936 SE HABÍA APROBADO la Ley del Trabajo que mejoró las condiciones de los trabajadores petroleros y obligó a las empresas a contratar personal venezolano.

En julio de 1942 se aprobó la Ley del Impuesto sobre la Renta que entró en vigor en 1943 que, junto con la Ley de Hidrocarburos de 1943, llevó la participación del Estado venezolano en las ganancias petroleras a 50/50, lo que fue decretado obligatorio en 1948 por el gobierno de Rómulo Gallegos.

EN 1958 SE AUMENTÓ LA PARTICIPACIÓN del Estado a 66/34. En 1960 se creó la CVP y se reservó al Estado el comercio interno de productos petroleros, y se contribuyó decisivamente a la creación de la OPEP. En 1970 se decretó la fijación unilateral de los precios de valores de exportación. Para 1974 la participación del Estado venezolano en el negocio petrolero era 90/10. Prácticamente la totalidad de los hombres y mujeres que manejaban la industria, eran venezolanos. Todos esos pasos que llevaron a que Venezuela se hiciera la dueña absoluta de su petróleo, fueron dados por venezolanos honestos, dignos, decentes y patriotas.

EN 1970 SE ESTABA A 13 AÑOS del término de las concesiones renovadas en 1943 por 40 años. Las concesionarias habían puesto en práctica una política contractiva, absteniéndose de hacer inversiones exploratorias. Ello ponía en peligro el futuro de la industria.

Ante esto, el Congreso aprobó en julio de 1971 la sabia Ley de Bienes Afectos a la Reversión que preservó los derechos del Estado en las concesiones. En las elecciones de 1973 los candidatos de mayor opción, Lorenzo Fernández de Copei y Carlos Andrés Pérez de AD, anunciaron que era imperativo adelantar la reversión prevista para 1983.

EN MARZO DE 1974 Carlos Andrés Pérez anunció: “Realizaremos la vieja aspiración de nuestro pueblo, de que el petróleo sea venezolano”.

Nombró una vasta y calificada comisión en la cual todos los sectores nacionales estaban representados. Presidida por el ministro Valentín Hernández, un hombre de excepcional honestidad y patriotismo, la Comisión nombró subcomisiones que estudiaron los diversos aspectos de transferir al Estado una industria compleja, sin afectar sus operaciones ni mermar su eficiencia.

Eso se logró admirablemente.

EN DICIEMBRE DE 1974 el informe de la comisión fue entregado al presidente Pérez. El 11 de marzo de 1975 el proyecto de la ley que reserva al Estado la industria y comercio de los Hidrocarburos fue presentado al Congreso. En su debate intervinieron los ex presidentes Rafael Caldera y Rómulo Betancourt. La ley fue aprobada el 21 de agosto de 1975, firmada por el presidente Pérez el 29 de agosto, y el 30 se creó la corporación Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Su presidencia le fue confiada al general Rafael Alfonzo Ravard. El 1ro de enero de 1975 la bandera venezolana fue izada en el pozo Zumaque Nº 1. LO QUE CULMINÓ con la creación de Pdvsa fue conquistado paso a paso por venezolanos honestos y patriotas. Los nombres más relevantes de ese largo proceso deben ser conocidos y recordados y merecen ser honrados para contrastar su conducta con la de quienes hoy saquean Pdvsa.

Algunos de esos nombres son:

Gumersindo Torres, Román Cárdenas, Néstor Luis Pérez, Manuel Egaña, José Martorano, Guillermo Zuloaga, Gustavo Manrique Pacanins, Ángel Demetrio y Pedro Ignacio Aguerrevere, Carracciolo Parra Pérez, Eugenio Mendoza, Gustavo Herrera, Alfredo Machado Hernández, Diógenes Escalante, Rafael Pizani, Carlos Pérez de la Cova, Luis Jerónimo Pietri, Alberto Adriani, Arturo Uslar Pietri, Edmundo Luongo Cabello, Guillermo Rodríguez Eraso, Rómulo Betancourt, Juan Pablo Pérez Alfonzo, Manuel Pérez Guerrero, Héctor Hurtado, Valentín Hernández, Hugo Pérez La Salvia, Álvaro Silva Calderón, Rafael Alfonzo Ravard, Juan Chacín, Brígido Natera, Luis Giusti, Humberto Calderón Berti, Arturo Hernández Grisanti y muchos mas.

Compárense estos nombres con los que hoy saquean Pdvsa.



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