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Venezuela: Comunicado de la Federación de Colegios de Abogados

10/10/04 - FEDERACIÓN DE ABOGADOS (FCAV) Y CONFEDERACIÓN DE PROFESIONALES (CONFEPUV) SE ADHIEREN A DENUNCIA DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD QUE CURSA EN TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL.

Nos hemos dirigido al Dr. Luis Moreno Ocampo, Fiscal ante el Tribunal Penal Internacional, en la ciudad de la Haya, Holanda, a fin de expresar en el expediente OTP-CR-1/04, los siguientes particulares:

PRIMERO: La abogacía organizada venezolana, representada por el Consejo Superior de la Federación de Abogados, que compone a los Presidentes de los Colegios de Abogados de Venezuela y la organización que reúne a una parte importante de los profesionales y técnicos universitarios del país, (CONFEPUV) nos adherimos ante la Corte Penal Internacional a la solicitud de investigación intentada por la Asociación Civil VIVE (Víctimas Venezolanas de Violencia Política), representada por el ciudadano Mohamad Merhi;

SEGUNDA: Manifestamos nuestra preocupación por los hechos de violencia política, persecuciones, agresiones físicas y psicológicas, que en los últimos dos (2) años se ejecutan contra parte de una población disidente, claramente identificada;

TERCERO: En los términos de la información suministrada a la Fiscalía del Tribunal penal Internacional por los abogados Alfredo Romero, Gonzalo Himiod y Antonio Rosich , hemos podido constatar con profunda tristeza como se utiliza a los órganos de administración de justicia como medios de persecución política, mediante la iniciación de investigaciones criminales, de dudosos fundamento y legalidad, contra muchos líderes y representantes de partidos políticos opositores, funcionarios públicos en ejercicio, gremios y asociaciones profesionales, militares y ciudadanos comunes, por el simple hecho de discrepar públicamente de las políticas del gobierno.

CUARTO: Los Colegios de Abogados y otros gremios profesionales, tampoco escapan a los actos de persecución política del gobierno, que han pretendido tomarlos y controlarlos mediante vías institucionales y, al no lograr sus objetivos, los ha controlado y limitado en su desempeño mediante sentencias judiciales dictadas por el máximo Tribunal de la República en Sala constitucional, dominada por magistrados íntimamente ligados al régimen, a fin de anular las Asambleas y comicios electorales realizados internamente, así como trabas a los mecanismos de autofinanciamiento tales como aranceles y cuotas de honorarios, para impedir así su normal funcionamiento. Paralelamente, se han promovido y financiado asociaciones profesionales paralelas, las que se han dado en llamar “ revolucionarias y bolivarianas”, que ejercen su poder y su influencia sobre jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales, en beneficio de los intereses regionales del gobierno, con fines fundamentalmente políticos. Asimismo, ordenan abrir investigaciones criminales a los directivos del Colegio de Abogados de Caracas, por el atrevimiento de inicio de procedimientos disciplinarios contra tres de los cinco Magistrados de la Sala Constitucional, por su conducta contumaz al no inscribirse en el Colegio de Abogados de Caracas, hecho que la ley de abogados los califica como ejercicio ilegal.

QUINTO: en dicha denuncia se argumenta la posible existencia en Venezuela de elementos que en conjunto constituyen crímenes de lesa humanidad, o a todo evento tentativa de crímenes de lesa humanidad, de conformidad con el artículo 7 del estatuto de roma de la corte penal internacional, vale decir:

a) una política de estado o patrón de conducta dirigida, tolerada o instigada por el gobierno de persecución o discriminación política.

b) Dicho patrón de conducta dirigido por una estructura organizada por órganos de la fuerza pública y civiles armados, ha realizado ataques sistemáticos con el conocimiento de la política de estado dirigida desde el Gobierno.

c) Dichos ataques sistemáticos se han producido contra una población determinada: la población disidente.

d) Como consecuencia de la existencia de los elementos anteriores, sólo desde el 1° de Julio de 2002, fecha en que entra en vigencia la corte penal internacional, en Venezuela han ocurrido asesinatos, torturas, encarcelamientos arbitrarios, maltratos físicos y persecución política, incluyendo a diversas personas en clandestinidad, todo ello ha ocurrido dentro de una política de estado de exclusión física y moral de la población disidente. Ahora bien, desde 2001, las cifras de víctimas es mucho mayor.

SEXTO: La FCAV y la CONFEPUV consideran que es necesario que exista una investigación imparcial en cuanto a los diferentes actos sistemáticos de violencia política que han sucedido en Venezuela.

SÉPTIMO: No existe en el País la posibilidad de que se lleven a cabo investigaciones imparciales y eficientes por parte del Ministerio Público cuando se trata de situaciones donde pudiese el Gobierno Nacional encontrase involucrado.

OCTAVO: Consideramos que para que exista paz social en Venezuela es necesario eliminar la impunidad y que las Instituciones Públicas no sean utilizadas como instrumento para la concentración del poder.

NOVENO: En fecha 14 de septiembre en la Plenaria de la Asamblea Anual de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados UIBA, celebrada en Puerto Rico, consignamos la denuncia y los representantes de los miembros de la unión de toda Iberoamérica, aprobaron por unanimidad realizar un seguimiento de la denuncia ante los organismos internacionales de Justicia que sean competentes para investigar, sustanciar y resolver de acuerdo a las normas vigentes y dentro de una adecuada oportunidad.

RAFAEL VELOZ GARCIA

Presidente Telf. 00 58 416 6359618 – rveloz@justicia.net

XVI CONGRESO DE LA UNIÓN IBEROAMERICANA DE COLEGIOS Y AGRUPACIONES DE ABOGADOS PUERTO RICO, 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2004

RESOLUCIÓN

El Presidente de la FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE VENEZUELA, Don Rafael Veloz García, da cuenta al Plenario del Congreso de haber depositado en la Secretaría Permanente de la UIBA copia de una denuncia interpuesta por la Asociación Civil VIVE ante los organismos competentes internacionales de Justicia.

El Dr. Veloz pone de manifiesto que el poder judicial venezolano no ha dado respuesta a esos casos, por la que la UIBA toma nota de la denuncia referida y hará el seguimiento de la misma ante los organismos internacionales de Justicia que sean competentes para investigar, sustanciar y resolver de acuerdo a las normas vigentes y dentro de una adecuada oportunidad.



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