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INFORME SOBRE TERRORISMO: VENEZUELA

Informe de inteligencia | Embajada de los EEUU en Caracas

Emitido el 27 de Abril de 2005 | En 2004, la cooperación antiterrorista venezolano-estadounidense siguió siendo inconstante, aun en el mejor de los casos. Las recriminaciones públicas en contra de la política antiterrorista estadounidense por el Presidente Chávez y sus cercanos partidarios eclipsaron y restaron mérito a la limitada cooperación que existe entre los especialistas y técnicos de las dos naciones.

Venezuela en 2004 siguió mostrándose poco dispuesta o incapaz de hacer valer su control sobre su frontera de 2.200 kilómetros con Colombia. Por consiguiente, las tres Organizaciones Terroristas Internacionales (FTO) de Colombia, así designadas por EEUU, —las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y las Autodefensas Unidas (AUC) —siguieron viendo el territorio venezolano cerca de la frontera como un área de seguridad para realizar incursiones transfronterizas, trasbordar armas y drogas, descansar, obtener insumos logísticos, y también cometer secuestros y extorsiones por ganancias. Armas y municiones — algunas provenientes de reservas e instalaciones venezolanas — siguieron desplazándose desde proveedores e intermediarios venezolanos hasta las manos de las FTO de Colombia. No está claro hasta qué punto y a qué nivel el Gobierno Venezolano aprueba o consiente el apoyo material a los terroristas colombianos. Las estrechas relaciones del Presidente Chávez con Cuba, designada como estado patrocinador del terrorismo por EEUU, siguen preocupando al Gobierno de EEUU.

Las actuales leyes venezolanas no mencionan específicamente los crímenes de terrorismo, si bien el Convenio para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bomba de 1997, de la ONU, y el Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999, de la ONU, se convirtieron en ley en Venezuela en julio de 2003. Venezuela no mantiene una lista de terroristas internacionales ni designa a grupos como tales. Venezuela firmó la Convención Interamericana contra el Terrorismo, de la OEA, en junio de 2002, y la ratificó en enero de 2004. La legislación bajo consideración durante todo el 2004 — incluyendo el proyecto de ley contra el crimen organizado, el proyecto de ley contra el terrorismo, y los cambios propuestos para el código penal — definió actividades terroristas, estableció penas, facilitó la investigación y el procesamiento, y congeló los activos de financieros del terrorismo. No obstante, otros cambios propuestos para el código penal socavarían las libertades políticas. La ley modificando el código penal fue aprobada en la Asamblea el 6 de enero de 2005, y espera la firma de Chávez.

La declarada afinidad ideológica del Presidente Chávez con las FARC y el ELN — ambos designados por EEUU como Organizaciones Terroristas Internacionales (FTO) — limitó aun más la cooperación antiterrorista venezolana con Colombia, la cual durante 2004 siguió recibiendo menos cooperación de Venezuela que de sus otros vecinos. Las fuerzas armadas y los cuerpos de policía venezolanos y colombianos cooperaron en algunos casos de terrorismo y relacionados con drogas. Además, el homicidio del 17 de septiembre de por lo menos seis miembros de la Guardia Nacional venezolana y una ingeniera civil cerca de la frontera con Colombia, según se informa, por fuerzas de las FARC afectó públicamente a Chávez y levantó la expectativa que el patrullaje fronterizo fuera incrementado mediante adicionales recursos y mayor voluntad política. Sin embargo, la acerba reacción del Presidente Chávez y el Gobierno de Venezuela ante la detención del 13 de diciembre de Rodrigo Grana Escobar, miembro, según se informa, del Estado Mayor de las FARC, y a quien consideran ser el “ministro de relaciones exteriores” de las FARC, complicó los esfuerzos para intensificar la cooperación antiterrorista colombo-venezolana. Granda, según se informa, había sido capturado en Venezuela por caza-recompensas, y luego traído a Cúcuta, Colombia (cerca de la frontera con Venezuela), donde fue detenido por funcionarios colombianos. El Presidente Chávez y el Gobierno Venezolano acusaron públicamente al Gobierno Colombiano de infringir la soberanía de Venezuela, suspendieron los acuerdos comerciales y económicos con Colombia, y retiraron al Embajador de Venezuela en Colombia. El Presidente Chávez rechazó la oferta del Presidente Uribe de Colombia de reunirse cara a cara para resolver el punto muerto y puso condiciones a cualquier reunión con Uribe — igual que a la reanudación de relaciones comerciales y al retorno del Embajador de Venezuela a Colombia — sujetas al pedido de disculpa de Uribe a Chávez y a la aceptación de responsabilidad por haber violado la soberanía de Venezuela. En los primeros meses de 2005, Chávez y Uribe resolvieron seguir adelante tras este incidente. No obstante, la futura cooperación antiterrorista entre Venezuela y Colombia permanece incierta. Subsiguiente al asesinato del fiscal Danilo Anderson el 18 de noviembre de 2004, el Presidente Chávez ordenó que el Consejo de Defensa Nacional de Venezuela definiera una estrategia antiterrorista que incluyera una frontera más hermética y comunicaciones seguras 87. Bajo instrucciones del Presidente Chávez, la Asamblea Nacional constituyó una comisión para elaborar una ley antiterrorista, y el Tribunal Supremo designó a un grupo de jueces para manejar casos de terrorismo. No obstante, existen preocupaciones dentro de Venezuela, basadas en detalles preliminares de la ley antiterrorista, de que la reciente atención de Chávez al “terrorismo” pueda ser con la intención de poner en la mira a los adversarios domésticos de su Gobierno. Una judicatura cada vez más politizada y el reciente nombramiento de partidarios del Gobierno Venezolano para desempeñar los 12 puestos añadidos al Tribunal Supremo (más cinco vacantes) ponen en duda la independencia e imparcialidad de los jueces.

Tácticas terroristas fueron empleadas durante todo el 2004 por grupos domésticos que intentan influir la delicada situación política, particularmente en Caracas. Durante todo el año, en algunos casos se les responsabilizó a partidarios del Presidente Chávez o a adversarios políticos del Gobierno por una serie de pequeñas bombas y amenazas. El Gobierno Venezolano alegó en 2004 que grupos exilados y el Gobierno de EEUU buscaban derrocar o asesinar al Presidente Chávez, pero no ofreció ningunas pruebas para respaldar sus alegaciones. El Gobierno afirmó el 8 de mayo que unos 100 paramilitares colombianos se estaban entrenando clandestinamente cerca de Caracas; aquellos que fueron detenidos resultaron ser trabajadores agrícolas colombianos desarmados.

La limitada seguridad documental en Venezuela, especialmente para documentos de ciudadanía, identidad y viajes, crea allí un sugestivo punto de encuentro para personas involucradas en actividades criminales, incluyendo el terrorismo. Cabe que Venezuela sirva de punto de tránsito para quienes buscan entrar ilegalmente en los Estados Unidos, Europa, u otros destinos. La mayoría de los ejemplos de positiva cooperación antiterrorista con los Estados Unidos datan desde antes de 2004. En la estela del 11-S, Venezuela apoyó la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca ("Tratado de Río"), el cual exige la autodefensa colectiva de los estados miembros de la OEA en respuesta a un ataque contra cualquiera de sus miembros. Venezuela había prestado limitada cooperación al Gobierno de EEUU en esfuerzos antiterroristas y recursos financieros antiterroristas, y también en iniciativas antinarcóticos del Gobierno de los EEUU. En noviembre de 2002, un Equipo de Evaluación de Sistemas Financieros de EEUU (FSAT) visitó Venezuela y se reunió con funcionarios del Gobierno Venezolano para evaluar el régimen de recursos financieros antiterroristas de Venezuela. Funcionarios públicos venezolanos han participado en varios cursos sobre recursos financieros antiterroristas del Gobierno de EEUU, identificados por el FSAT. Las fuerzas armadas venezolanas han recibido entrenamiento antisecuestros de las fuerzas armadas de EEUU. Venezuela ayudó a rendir evidencias que resultaron en el procesamiento de miembros de las FARC por el homicidio de tres activistas indigenistas estadounidenses. La futura cooperación antiterrorista con los Estados Unidos permanece incierta, máxime dadas las acciones del Presidente Chávez y el Gobierno Venezolano en el 2004.

Traducido por W.K.



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