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Juez de inmigración de Inglaterra otorga asilo político a ciudadanos de Venezuela

Por Aleksander Boyd

Londres 03.06.05 | Recientemente un juez de inmigración de este país le otorgo asilo político a una pareja de venezolanos, luego que estos presentaran apelación a la primera decisión emitida por el departamento de inmigración inglés. Lo que llama poderosamente la atención de este caso en particular son los rationes decidendi del mismo. Por ejemplo:

El Informe del Departamento de Estado de los EEUU nota que mientras las autoridades civiles por lo general mantuvieron control sobre las fuerzas de seguridad, los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos y graves abusos a los derechos humanos durante el año. Los antecedentes del gobierno en cuanto a derechos humanos siguieron siendo pésimos, pese a esfuerzos para mejorar unas pocas áreas, su rendimiento se deterioró en otras áreas, especialmente en lo de la politización del poder judicial y las restricciones sobre los medios de comunicación electrónicos, y quedaban graves problemas. La policía y la institución militar cometió homicidios extrajudiciales contra personas sospechosas de crímenes. Las investigaciones en cuanto a los homicidios extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad contra personas sospechosas de crímenes siguen siendo extremadamente lentas. Persistieron las torturas y abusos contra detenidos. Las condiciones de las prisiones son crueles; la violencia y la sobre aglomeración severa constituyen un trato inhumano y degradante. Continuan las detenciones y arrestos arbitrarios. La impunidad fue uno de los problemas de derechos humanos más serios en el país. Los crímenes relacionados con los abusos de derechos humanos no lograron llegar al proceso judicial, debido a las demoras judiciales y administrativas. La corrupción, la prolongada detención previa a los procesos judiciales y la severa ineficiencia en los sistemas judiciales y en los sistemas de aplicación de las leyes también son problemas. Los fiscales investigaron de manera selectiva a varios dirigentes de la oposición y presentaron imputaciones contra algunos. El gobierno realizó intervenciones ilegales a las líneas de teléfono de ciudadanos particulares e intimidó a opositores políticos. El Presidente Chávez, los funcionarios de su administración, y los miembros de su partido político de manera persistente arremeten contra los medios de comunicación independientes, la oposición política, los sindicatos laborales, los tribunales, la iglesia, y contra grupos pro derechos humanos. Muchos partidarios del gobierno interpretan estos comentarios como si fuesen un tácito visto bueno para la violencia; ellos luego amenazaron, intimidaron, y lesionaron físicamente a por lo menos docenas de individuos opuestos a Chávez durante el año. La Asociación Internacional de Radiodifusión se quejó de que el gobierno abusara de su potestad legal al exigir la transmisión de los discursos del Presidente Chávez y demás funcionarios del gobierno y toda la demás programación favorable al gobierno.

Ante tales afirmaciones, basadas en análisis acucioso de informes de violaciones a los derechos humanos, solo queda decir que el regimen de Hugo Chavez ha perdido toda credibilidad. La persecución política es una realidad en Venezuela.

Traducción W.K.



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