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López Hidalgo afirma que la DEA traficó droga decomisada en Venezuela

Sofía Nederr - El Mundo

10.08.05 | El inspector general de la FAN señaló que la ruptura del convenio con la agencia estadounidense obedece a que los funcionarios cometieron varios ilícitos. La ruptura del convenio que Venezuela mantenía con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos -DEA- no es una decisión a priori, sino el resultado de una serie de denuncias presentadas por la Guardia Nacional e investigaciones sobre irregularidades en el desempeño de los funcionarios, según lo señaló el inspector general de la Fuerza Armada Nacional (FAN), general Melvin López Hidalgo, quien por ahora desempeña el cargo conjuntamente con la Secretaría del Consejo de Defensa de la Nación (Codena).

El alto oficial dijo que entre los ilícitos denunciados está el traslado sin control de la droga decomisada en Venezuela hacia otros países.

Explicó que en varias ocasiones se realizaban reportes de los decomisos y “en el destino final se registraban cantidades diferentes de las que se reciben. Qué pasa con esa diferencia de kilos de drogas. Bajo esas premisas se devela un procedimiento no legalizado aquí, de esto hay evidencias”, subrayó.

Aunque la Ley Orgánica de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Losep) sólo prevé las entregas vigiladas, laDEAefectuaba entregas controladas.

El oficial refirió que, según la normativa, las entregas vigiladas deben hacerse con autorización de un juez a solicitud del Ministerio Público. Este procedimiento permite que la autoridad policial que practica la técnica tenga acceso a la información proveniente del extranjero para permitir la detención de personas en territorio nacional.

Por el contrario, “la entrega controlada no está permitida en principio por ningún instrumento legal, su práctica trae consigo la comisión de delitos: instigación a delinquir, pues se le entrega a una persona un alijo de droga para que lo lleve, eso origina el tráfico.

También se causa la simulación de un hecho punible y esto genera corrupción de funcionarios, hay entrega de droga y manejo de dinero, esto es contra la ley y laDEAlo estaba realizando en nuestro país, e inclusive, sin conocimiento de los organismos de seguridad del Estado, incluyendo elComando Antidrogas de la Guardia Nacional”.

Al respecto, el oficial sostiene que no se puede permitir esta “violación flagrante de nuestra soberanía. Se pone en tela de juicio al Gobierno Nacional, al Estado y a las autoridades constituidas y se crea una matriz de opinión de que el Estado venezolano es permisivo cuando no es así”.

Sin respuestas

Asimismo, el general López Hidalgo aseguró que la DEA no ha respondido a todos estos señalamientos.

Explicó que el convenio con la agencia antidrogas estadounidense -el cual culminaba en marzo del 2006- comprendía el apoyo financiero, técnico y lo relativo al entrenamiento de los funcionarios que integran las comisiones ad hoc para que realicen adecuadamente las experticias, pero ninguno de estos procesos se ha cumplido.

“También se establece intercambio de información y este es unilateral. Es decir, ellos exigen a los organismos venezolanos que informen, se informa, pero nosotros no recibimos ninguna respuesta”, explicó.

El alto oficial restó importancia a las advertencias del gobierno de Estados Unidos respecto a la posibilidad de que Venezuela no recibiera la certificación en materia de drogas.

Explicó que la certificación es un mecanismo de presión, tiene que ver con el apoyo financiero y otros aspectos de los acuerdos de seguridad recíproca, pero “Venezuela también tiene convenios con Inglaterra y con ellos todo se realiza de forma transparente”.

Otro aspecto cuestionable, según el oficial, es la inmunidad con que los miembros de la DEA actúan en territorio nacional.

“Si un funcionario de un organismo de seguridad del Estado detecta alguna irregularidad por parte de un agente de la DEA, el Estado venezolano no puede actuar en su propio país, porque Estados Unidos no se ha suscrito al Tribunal Penal Internacional; pero si un funcionario nuestro comete un ilícito, ellos pueden proceder con la extradición, por eso hay que sincerar procedimientos”, explicó.

Según asegura, la decisión de suspender el convenio no está relacionada con la salida de la misión estadounidense de Fuerte Tiuna ni con la interrupción del intercambio militar.

Subrayó López Hidalgo que la primera medida se dio tras comprobar la participación demilitares estadounidenses en los hechos de abril de 2002 y la segunda por las vejaciones que sufren militares venezolanos y el Gobierno Nacional en organizaciones académicas de Estados Unidos.



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