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Kirchner, Rosas y Perón

Por Carlos Alvarez

21.01.06 | Uruguay está siendo objeto en estos días de una de las mayores agresiones que haya recibido de un país extranjero a lo largo de su vida independiente. Y como en tiempos de Rosas o de Perón esa agresión proviene de la Argentina.

Los cortes de rutas que llevan adelante los "militantes ambientalistas" de la provincia de Entre Ríos, contraviniendo las leyes argentinas, a vista y paciencia de las autoridades nacionales y provinciales, han provocado el virtual bloqueo de las comunicaciones terrestres entre los dos países, generando un daño económico irreparable principalmente al sector turístico uruguayo, pero no solo a ese sector sino a todos los negocios que involucran el libre desplazamiento de bienes y personas.

Las autoridades argentinas tienen la obligación de asegurar el libre tránsito por las rutas de ese país. Esa obligación la tienen en primer lugar con sus ciudadanos que supuestamente son libres de transitar por ellas y de trasladar mercancías en el ejercicio de una actividad económica lícita. En segundo lugar, es su obligación para con un país vecino con múltiples lazos comerciales, culturales y hasta personales y familiares, pero además es su obligación para con un socio comercial con el que tiene tratados firmados que implican el libre desplazamiento de bienes, factores productivos y personas.

La desidia de las autoridades argentinas en hacer cumplir la ley y la coincidencia del gobierno con la causa de quienes bloquean los puentes, transforma las manifestaciones de los "ambientalistas" en actos inamistosos y agresivos de un estado soberano a otro y revela al MERCOSUR como una caricatura de proceso de integración, una nueva cáscara vacía con más discursos y burocracia de alto nivel que voluntad política real de integración regional.

La Cancillería uruguaya no ha reaccionado con la firmeza a la que está obligada por la gravedad de la situación y el parlamento uruguayo no ha llamado a responsabilidad al canciller Gargano por esa falta de firmeza. Posiblemente, la tendencia de las autoridades uruguayas a no poner el asunto en sus justos términos y reclamar la responsabilidad del gobierno argentino en los foros internacionales que corresponden, se base en la supuesta "afinidad ideológica" entre los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay que en teoría iba a relanzar el MERCOSUR y a dotarlo de una dimensión política, incluso a ampliarlo incorporando a otros países con gobiernos afines como el de Venezuela y ahora la Bolivia gobernada por Evo Morales, en una suerte de resucitación al revés de aquella idea de las "fronteras ideológicas" de la dictadura brasileña de fines de los sesenta. El MERCOSUR como proyecto opuesto al ALCA y a "la hegemonia yanki" tenía y tiene aún fuerza dentro de la izquierda uruguaya y tal vez por eso la cancillería ha dado una respuesta demasiado liviana a esta agresión continuada.

Que Rosas tuviera aspiraciones de reincorporar la Provincia Oriental o que Perón fuera hostil a un gobierno uruguayo democrático y respetuoso de las libertades individuales era previsible, pero que el gobierno del "compañero" Kirchner fuera a propiciar actos hostiles contra un Uruguay gobernado por la izquierda no aparecía en los cálculos de los nuevos gobernantes uruguayos que tenían expectativas tan sinceras como ingenuas en los resultados prácticos de la "afinidad ideológica".

Pero en este tema como en tantos otros que han sido urticantes a la interna del Frente Amplio, el nuevo gobierno aprende rápido. No es casualidad que por estos días el Ministro de Economía Danilo Astori haya sacudido nuevamente a la izquierda con su propuesta de firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y el Presidente Vazquez haya dispuesto que los ministros comiencen a trabajar el acuerdo. La realidad objetiva dice que las exportaciones de Uruguay a la región cayeron en diez años de más del cincuenta por ciento a poco más del veinte y que Estados Unidos representa el 23% de nuestras exportaciones.

No hay afinidad ideológica que tenga más fuerza que los intercambios comerciales que son los que determinan el trabajo y el bienestar de las personas y la supervivencia de los políticos. Uruguay necesita un "Plan B", una alternativa al MERCOSUR, por la sencilla razón de que el conjunto de compromisos que asume y las restricciones a las que se obliga no guardan relación con el volumen de exportaciones que coloca en el bloque, y si esta situación se mantiene en el tiempo es forzoso tener una alternativa a la mano.

Es ingenuo creer que todo este problema responde a la preocupación por el impacto ecológico de la instalación de un par de plantas de procesamiento de celulosa. A dos gobiernos afines, de países históricamente amigos y socios comerciales, les alcanzaría con elegir la norma internacional a la que las plantas deberían apegarse y contratar una empresa consultora que monitoree el cumplimiento de la norma. Si cumplen con la norma pueden trabajar y si no la cumplen no, tan sencillo como eso.

Pero en el fondo, lo que está en cuestión es por qué las inversiones de Botnia y ENCE (Y ahora Stora Enso) se radican en Uruguay y no en Argentina. La respuesta está muy vinculada a un tema en el que ambos países han adherido a estrategias distintas. La salida de la crisis de 2002 instrumentada por Uruguay fue muy distinta de la instrumentada por Argentina, particularmente en lo que hace al respeto a los contratos, al cumplimiento de las obligaciones contraídas y al tratamiento dado a los inversores.

Uruguay respetó las monedas en las que estaban nominados los depósitos bancarios, pagó intereses muy convenientes por los depósitos reprogramados, reperfiló su deuda externa reconociendo todos sus compromisos y mantiene una relación correcta y cordial con los inversores internacionales y los organismos multilaterales. Por eso "las papeleras" están de este lado del río. La elección de los inversores cuestiona un modelo de comportamiento político y avala otro. Eso es lo que el Dr. Kirchner quiere enterrar auspiciando un enfrentamiento paranoico cuyas consecuencias en el relacionamiento presente y futuro entre los países del plata son al día de hoy inimaginables.

Carlos Álvarez es Coordinador de Programas de CADAL en el Uruguay.



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